EUROPA PRESS El departamento de Pedro Solbes, que ha 'colgado' en su página web una guía informativa sobre la ampliación gratuita del plazo de las hipotecas, que ya ha beneficiado a 350 familias, alerta también de que si los plazos del préstamos hipotecario son ya largos, la disminución de la cuota puede ser "reducida".
En todo caso, añade que las familias que decidan ampliar el plazo estarán más años pagando su crédito hipotecario y, por tanto, pagarán más intereses. Además, señala que si en un momento posterior, con arreglo a una mejor situación financiera, estas familias quisieran reducir el plazo o cancelar anticipadamente su préstamos, deberán hacer frente a todos los gastos que la nueva operación conlleve.
En la misma línea, recuerda que si, junto a la ampliación del plazo, se acuerda con la entidad otras modificaciones del préstamo hipotecario, como la alteración del tipo de interés o la ampliación de capital, no se podrá beneficiar de los costes notariales y registrales asociados.
Por todo ello, Economía pide a los ciudadanos que antes de tomar esta decisión "reflexionen" y se dejen aconsejar por su entidad de crédito, que en última instancia es quien debe aceptar esta ampliación del plazo hipotecario.
Si finalmente se decide realizar dicha operación --se puede hacer de forma gratuita hasta el 22 de abril de 2010--, el Ministerio señala que la familia que así lo haga no tendrá que pagar la comisión por ampliación del plazo de su préstamo hipotecario, estará exenta del gravamen por Actos Jurídicos Documentados que se paga cuando se extienden escrituras públicas y no asumirá gastos notariales ni registrales.
El departamento que dirige Pedro Solbes recuerda también en la guía informativa que los beneficiarios de esta medida, incluida en el primer paquete económico que presentó el Gobierno, deben ser personas físicas y titulares de préstamos con garantía hipotecaria para la construcción, rehabilitación o adquisición de su vivienda habitual, concedidos "necesariamente" por entidades de crédito.
Vía: La Opinión

Desde Sevilla y Cádiz las peticiones de modificaciones piden solicitar a "los órganos federales que se promuevan los acuerdos políticos necesarios para la consecución del derecho al voto de la población inmigrante con residencia legal en España en las consultas electorales municipales" y "autonómicas"".
Argumentan que "si pagan impuestos y colaboran en la economía nacional, el ejercicio al derecho al voto, debe ser nuestra contribución a su inclusión en la sociedad de plenos derechos".
Los socialistas de Jaén y Almería rechazan, por su parte "hacer normas distintas para inmigrantes y autóctonos, como irresponsablemente alguien se ha atrevido a proponer", refiriéndose a la propuesta de el contrato de integración hecha por el Partido Popular.
Recordemos que la Constitución Española, en su art. 13.2, contempla la posibilidad de que los residentes extranjeros puedan emitir su voto en las elecciones municipales siempre y cuando existan tratados de reciprocidad con los países de origen de tales personas.
La imágen ilustración de este artículo la recogemos de la web No Pasarán.

Cabe señalar que la cadena COPE, horas después de que se emitiera la sentencia, difundió un comunicado en el que mostraba "su pleno respaldo" y apoyo Jiménez Losantos.
A continuación, adjuntamos el fichero PDF que contiene el texto de la sentencia (fuente, ELPAIS.com) así como el comunicado de la COPE con el apoyo al locutor.

Observemos el ciclo de vida de una inmigración típica:
- País de origen tercermundista sin recursos. Sin industria. Sin economía.
- Ciudadano tercermundista necesita trabajo. En lo que sea. Necesita suelo. El que sea.
- En el país de acogida están las empresas, deseosas de contratar a inmigrantes. ¿Por qué? Pues digamos que, mientras nuestro amigo empresario siga manteniendo sus facultades mentales en buen estado de conservación, no tendrá otra preocupación sino la de rentabilizar su negocio. Esto es: subir ganancias, y bajar costes (vamos, lo que haría cualquier particular en su hogar: queremos que nos suban los sueldos, queremos tener más ingresos, pero a la vez pagar menos, buscamos ofertas, y hasta contratamos al fontanero o electricista más barato del mercado en igualdad de condiciones).
En estas condiciones, el que tiene más opciones de ser contratado es sin duda el inmigrante. Venía de una situación en la que no cobraba nada. No le importa ahora que le paguen poco.
- Ahora aparecerá un nuevo personaje. El ciudadano autóctono. Con una carrera (o no) por detrás, con unos hábitos de consumo, con un nivel de comodidad. Vamos, ¡imposible trabajar por 600 euros el mes! Y encima, limpiando escaleras, sí hombre. Pues no, se niega.
Realmente la actitud del ciudadano autóctono surtiría todo el efecto si nadie accediera a trabajar con esos sueldos. Pero.. ¿cómo hacemos que el inmigrante se una a la abstención? Imposible. Primero hay que comer. Bueno pues da igual, que los ciudadanos autóctonos sigan en su abstención, hasta que los empresarios acepten subir los sueldos. Imposible. No se subirá sueldo ninguno mientras haya trabajadores dispuestos a cumplir. Sería ridículo pagarle a un fontanero 90 euros por un servicio que él mismo nos estuviera facturando a 50, salvo que sea por cortesía (!!!!!), o cualquier otra consideración sentimental, lo que no constituye el objeto de las empresas.
El problema es ciertamente complicado y la solución seguramente tiene que pasar primero por una consideración de todas las partes integrantes del problema el uno hacia el otro: Entendamos que el inmigrante o trabajará con ese sueldo miserable o pasará la noche sin cenar. Entendamos que el empresario o recorta sus gastos o cierra el negocio. Entendamos que el autóctono o se abstiene y se rebela para que haya cambios y resultados o tendrá que vivir aceptando lo que haya.
Ésta mi opinión totalmente personal y subjetiva.
Temas: maltrato, ministerio de igualdad
En la comparecencia frente a la Comisión de Igualdad, la ministra ha destacado que para luchar contra la violencia machista, a partir de julio, su Ministerio pondrá en marcha una campaña de sensibilización "continuada y multifocal" para que las mujeres "no minimicen los riesgos" y los agresores perciban el rechazo de la sociedad.
"Erradicar esta lacra exige ir al origen y a la causa que la provoca, y eso significa actuar sobre quienes la originan", ha dicho Aído. Asimismo, ha señalado que uno de los objetivos de su departamento es "contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad, desde el que establecer las relaciones de pareja sobre nuevas referencias".
La ministra más joven del gabinete ha anunciado ayudas para las pequeñas y medianas empresas que promuevan las políticas y planes de igualdad y la puesta en marcha de programas formativos de inserción laboral para las mujeres con más dificultades, como pueden ser mayores de 45, víctimas de violencia, inmigrantes o ex prostitutas.
Aído ha adelantado que su departamento trabajará sobre tres leyes: la de Igualdad, la de Violencia de Género y la futura Ley de Igualdad de Trato, que erradicará la discriminación social por motivos de religión, sexo, creencias, orientación sexual u origen racial, entre otros. La ministra ha señalado que en esta legislatura se aprobarán el permiso de paternidad de un mes y un plan integral para combatir la explotación sexual, especialmente de mujeres y niñas.
Además, a través de un grupo de expertos y con la ayuda de Sanidad, el Ministerio de Igualdad promoverá un debate sobre la posible modificación de la actual ley de interrupción del embarazo.
El encuentro que mantuvieron esta mañana representantes del Ministerio de Fomento, del de Trabajo y del de Hacienda y las patronales del transporte terminó sin acuerdo por parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), que insiste en su petición de una tarifa mínima obligatoria.
Fuentes de Fomento informaron de que en la reunión hubo 'avances importantes', reconocidos por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector y que no apoya el paro.
No obstante, Fenadismer, que representa a cerca de un 10 por ciento de los transportistas y es convocante de la huelga, mantiene la necesidad de continuar con las protestas para defender los intereses del sector.
Además, de esta reunión, en la que participarán también los cargadores, el Comité de Coordinación y Seguimiento constituido por el Ministerio de Presidencia mantiene otra reunión para estudiar la evolución de los paros de transportistas y la marcha de las negociaciones con representantes del sector.
Según destacó hoy el Ejecutivo, se continúa con la negociación con el sector del transporte y se han puesto todos los medios para garantizar los derechos de libre circulación de los ciudadanos, así como de los transportistas que no apoyan la convocatoria.
El Ministerio de la Presidencia recordó que el conflicto ha sido planteado por un 20 por ciento del sector y hoy continúan las reuniones con organizaciones que representan a todo el sector para 'llegar cuanto antes a un acuerdo'.
Fuente: Terra - EFE
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